Ayuso moviliza a las 11 comunidades del PP para contrarrestar la Ley Celaá en los colegios

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado contactos con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer un frente común que contrarreste los efectos indeseados en los colegios de la Ley Celaá, oficialmente Lomloe.

Desde que comenzó a tramitarse, el Ejecutivo de Ayuso no ha cejado en su empeño de blindarse, en la medida que sus competencias autonómicas se lo permiten, de una ley educativa que no comparten por su «indefinición» y «confusión».

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, capitaneada desde el pasado mes de junio por Emilio Viciana, subraya que esa normativa, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2020, no aclara cómo debe ser la forma de calificar, cómo deben impartirse los contenidos, cómo completar los currículos y cómo definir el desarrollo general de toda la progresión educativa.

Así, desde el Ejecutivo madrileño quieren hacer «todo lo posible» por reforzar los ámbitos que ven que están «más indefinidos» para «mejorar la educación en Madrid». En este sentido, reconocen que les consta que hay otras comunidades autónomas que están en la misma situación con las que ya han establecido algunos «contactos informales» de cara a «trabajar conjuntamente».

En este sentido, Ayuso avanzaba en la inauguración del curso escolar que arrancó este jueves en la región que va a establecer convenios con la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la de Bellas Artes y la de Ciencias Exactas, para que ayuden en la revisión de los manuales «para que sean efectivos y rigurosos, no ideológicos ni de ingeniería social».

Notas alfanuméricas

Además, aseguraba que va a implantar el Plan por la Libertad, la Pluralidad y la Calidad en la Educación, con el que quiere garantizar que los alumnos sigan recibiendo notas alfanuméricas, «las notas normales que permiten a los padres saber cuál es el rendimiento de sus hijos y a los alumnos una calificación justa con seguridad jurídica y que les orienten sus avances o problemas y a los profesores un criterio fiable».

Asimismo, Ayuso también se ha comprometido, en el marco de ese plan para contrarrestar la Ley Celaá, a que los temarios se impartan en «su totalidad» y a poner en marcha metodologías para que los alumnos aprendan a expresarse correctamente en español, oralmente y por escrito.

«El respeto a la palabra empieza por la escuela, se piensa en palabras y con ellas y con los números se hacen todas las ciencias. Si esto es cierto para todas las lenguas, pensemos en la suerte que tenemos y la responsabilidad de contar con un idioma que hablan más de 600 millones de personas por todo el mundo. Para potenciar un buen conocimiento del español y el dominio de la expresión oral, es fundamental que haya exámenes orales y públicos y con la defensa oral de los trabajos», ha esgrimido.